Ante el nuevo escenario electoral y los apasionantes desafíos que la sociedad española debe acometer, los ciudadanos, especialmente los jóvenes, esperan que la clase política tradicional o emergente no aleje sus palabras de la cruda realidad y de los problemas a los que día a día deben enfrentarse, como son, entre otros, la educación, la salud, el empleo, la seguridad, la familia o las pensiones.
Los españoles somos un pueblo acostumbrado a grandes hazañas, luchadores frente a la adversidad y habituados al logro de grandes trofeos y reconocimientos nacionales e internacionales en el mundo de la economía, la cultura, la ciencia o el deporte. Por lo tanto un nuevo reto electoral no deja de ser más que eso y un motivo excelente para que planteemos algunas reflexiones sobre temas que nos interesan vivamente, como por ejemplo el de la educación.
Hay padres y madres de familia que hoy se sienten muy preocupados por la educación y formación que están recibiendo sus hijos, la calidad, viabilidad y continuidad de los centros donde se las imparten, especialmente si son privados o concertados y cuál será también, el futuro de esas nuevas generaciones de alumnos.
La preocupación no es baladí. Ejemplos como los del gobierno “progresista” de Valencia ya han dado alarmantes señales por su pretensión de castigar y arremeter contra la enseñanza privada al impedir que los alumnos de una universidad realicen las prácticas en hospitales públicos o los intentos de la Junta de Andalucía por retirar el concierto a colegios donde se imparte la educación diferenciada. Amenazas a la libertad de elección que son reales.
Esta es una de las grandes cuestiones que el ciudadano debe sopesar a la hora de elegir responsablemente el gobierno que desee y hay elementos como los que he citado, que marcan la diferencia de un modelo social con otro.
Al igual que con la sanidad, no se trata en ningún caso de confrontar lo público y lo privado como sectores contrapuestos y menos aún considerar que la iniciativa privada es “subsidiaria” de lo público. El Estado tiene responsabilidades a las que no puede ni debe renunciar, como velar por la igualdad de oportunidades y por la promoción del pluralismo de las instituciones educativas. Estos objetivos son un signo de una meritoria preocupación por la aplicación de criterios de justicia e igualdad en el ámbito educativo.
La familia, la escuela, la formación profesional y la universidad son los cimientos básicos de una sociedad libre, próspera y desarrollada. No le corresponde al Estado monopolizarlas ni menos aún direccionarlas ideológicamente. Por el contrario debe respetar y en su caso potenciar el importante papel que la sociedad civil juega en este ámbito.
Los centros públicos y privados disfrutarán de mayor calidad y eficiencia si ven reforzada su autonomía pedagógica, administrativa y financiera. La desigualdad de retribuciones y las condiciones laborales de los profesores son un elemento distorsionador que repercuten negativamente en el rendimiento de su importante labor y los padres deben recuperar el papel protagonista que les corresponde, facilitándoles el Estado el poder elegir libremente el colegio que desean para sus hijos en cumplimiento de un mandato constitucional
Cuestión no menos importante es el papel que hoy juegan las nuevas tecnologías en el campo educativo. Entre quienes se resisten a ellas por inadaptación o confiar más en los métodos tradicionales y los que desde un punto de vista más novedoso consideran las redes sociales como una herramienta de los educadores para facilitar el consumo de información que libera de los lastres de una cultura almacenada, están quienes piensan acertadamente que la educación en esta nueva era digital requiere una implicación o colaboración entre las familias, los colegios y la sociedad.
Establecer los cauces de esa colaboración es también uno de los retos más relevantes a los que se deben enfrentar los principales agentes de la comunidad educativa. Los profesores no deben “recelar” del papel que a los padres les corresponde en la educación de sus hijos y los padres deben huir del modelo “clientelar” que los convierten en meros “transportadores” de sus hijos a unos colegios públicos o privados donde otros se encargan de su formación y educación.
Es necesario finalmente que, al margen de pactos y debates electorales sobre un sistema educativo inconcluso y complejo como es el español, sujeto irresponsablemente a los vaivenes políticos y a los colores del gobierno central o autonómico de turno, se reflexione sobre la urgencia de recuperar la dimensión humanística y personalizada de la educación.
El debate real no es educación pública o privada. El debate real es la calidad de un profesorado intelectual y éticamente bien preparado, de unos padres satisfechos con la calidad académica y la formación humana, sea religiosa o no que reciben sus hijos y unos alumnos que se sientan receptores de una excelente educación donde valores como el esfuerzo, la laboriosidad y la responsabilidad los harán sentirse más libres y competitivos para su futuro.