Seis claves para España

La propia historia demuestra que España no se unió de manera natural, de que a pesar, como tantas veces se ha dicho, de unos límites facilitadores en el plano macropolítico, con gran parte de frontera marítima y de los Pirineos, configurando una piel de toro de medio millón de kms., el ensamblaje, la configuración del mapa nacional, de un estado soldado en difícil equilibrio y sometido a tensiones nacionalistas, continúa obscureciendo la unidad, la unicidad, la univocacidad del concepto España, en el que esa España de las Autonomías, que recoge la constitución, responde a una concepción coyuntural más que a una creación elogiable desde la técnica del derecho político.
Esa es la primera clave para España ante el nuevo ciclo político que marca el temporal fin del bipartidismo: la organización nacional. Ya en el XIX, Renan y Bergson delineaban con nitidez el principio de libre disposición: ¨La nación es un alma, un principio espiritual¨; ¨la nación es una misión¨. De ahí y más en el XXI, que toda colectividad, con especificidades reconocibles y suficientes, pudiera tener derecho a constituirse en nación, en la que su alma singular faculte para embarcarse en la misión histórica de llevar adelante su propio destino. En el caso español, en el difícil caso español como se termina de subrayar, habría que buscar al mismo tiempo, la afirmación de la compatibilidad que permitiera, más allá de las diferencias y a la búsqueda de la ortodoxia política que parece resultar tan posible como deseable, seguir todos integrados en la misión común española.
En la nueva constitución, o quizá mejor en la misma, actualizada, porque las modificaciones si bien sustantivas, parecen ser pocas, éste sería un punto clave: la organización federal del Estado, superadora de las autonomías, con catalanes y vascos eventualmente dotados de un estatuto especial, derivado de sus especificidades, y que se plasmaría en la carta magna en el derecho de libre disposición, terminología más propia que el derecho a decidir, que implica necesariamente una addenda (a decidir qué) y desde luego que el de autodeterminación, que corresponde al campo internacional. La mayoría simple facultaría a los interesados para integrarse en el marco federal pero con un status singular. Y si la mayoría fuera cualificada, en un porcentaje a determinar, podrían establecer una relación privativa con España, que iría desde la libre asociación hasta la separación, aunque va sin decir que alcanzar mayoría cualificada se antoja altamente improbable a tenor de las encuestas y de la realidad. Es decir, que los movimientos sui generis, incuestionablemente legitimados, deberían de reconocerse en principio por cualquier constitución que se proclame moderna, cierto que con las cautelas de rigor en cuanto a la eventual fragmentación del país, cuya unidad tiene que ser, sin la menor duda, y más tras cinco siglos de convivencia, el valor supremo.
Asimismo, habría que prestar especial atención a la adecuada incardinación de Ceuta y de Melilla en el mapa federal.
La segunda clave, mucho menos trascendente a efectos operativos, pero asimismo obligada por la concepción política moderna, radica en la forma política del Estado. Sométase, pues, al correspondiente plebiscito e incorpórese según resulte al texto constitucional, ya legitimada democráticamente. Si bien hasta a nivel planetario y en el imaginario general, la opción republicana prevalece inequívocamente, las características singulares del pueblo español, con el conformismo a la cabeza, ese tradicional conformismo metahistórico que les ha llevado a soportar golpes de Estado y dictaduras, más, por otra parte, el rendimiento positivo-aceptable o al revés de la institución en los últimos tiempos, abonarían no descartar en principio la alternativa de la corona. Y si no se estimara pertinente ir de manera directa a la disyuntiva monarquía-república, resultaría ineludible legitimar al trono actual mediante un referendum, ya que hay un nuevo tempo político.
La tercera clave, a la búsqueda siempre de homogeneizar a España con el mundo occidental, persiguiendo reducir la excepcionalidad, pro uniformidad con nuestros vecinos y socios – perentoria ya la abolición del maltrato animal- es primaria: la atenuación en grado suficiente, de las lacras que hipotecan el desarrollo armónico de un país europeo, de uno de los tres grandes países que, como se ha recordado tantas veces, antes se constituyeron en el continente en Estado. El paro se comenta por sí mismo y su subsistencia a niveles insultantes, dramáticamente tercermundistas, parece razón para la dimisión automática y fulminante de cualquier gobernante que se precie. En rubro próximo se encuentra la creciente desigualdad social, que habría simultáneamente que agendar en procedimientos de urgencia.
En cuarto lugar, la corrupción y el crimen organizado, cuya simple enunciación debería de ser bastante para un reacción eficaz y de amplio espectro, ante las mafias de distintas latitudes que campan y campean por el país, en un grado de eclosión de larga data. Ya en 1976, yo ponía sobre papel oficial, en Rabat, la urgente necesidad de que se encontraran los ministros de Interior de ambos países ante el tráfico que despuntaba del hachís. Recuérdese, por otra parte, y ríndase incesante homenaje a las víctimas, el 11-M, el mayor atentado terrorista que ha habido en Europa. La respuesta indicada del Estado no puede ser casi inercial, cuantitativa, aumentando el número de policías hasta a niveles ya prohibitivos. España cuenta con casi el doble de efectivos que Estados Unidos y muchos más que la media europea. La acción del Estado tiene que ser cualitativa, no cuantitativa. Conmigo han colaborado desde inspectores hasta agentes y puedo dar fe de su nivel positivo y, por tanto, suficiente para una acción efectiva desde la ineludible racionalización organizativa, derivada de calibrar como corresponde en la comparativa con países similares, la significación técnica y sociológica de la agigantada proyección de las fuerzas policiales y parapoliciales españolas.
Quinta clave, la educación, con la depauperada investigación científica. Escribo estas líneas desde la universidad de Salamanca, con la cultura esculpida sobre la piedra blanda y dorada típica de la tierra de los charros, donde estudié derecho Derecho, en la que en alguna manera refulge todavía nuestro siglo de Oro, paradigma que fue del mundo occidental, aunque ya enmohecido por la inmisericorde pátina del paso del tiempo intelectual. Aquí, en la universidad española, la masificación, que no resulta ser precisamente el iter hacia la debida excelencia, parece eximir de ulterior comentario.
Y los contenciosos de la política exterior de España, el tema clásico, histórico y recurrente de nuestra diplomacia. Por encima de las incorrecciones de diversa índole que llenan todos nuestros libros y las referencias a ellos y que no volveremos a escribir, ya no puede postergarse más, como vengo pidiendo desde hace tiempo, ¨desde que tengo uso de razón diplomática¨ en este tema, donde mi competencia está considerada al máximo nivel, como primer espada en los contenciosos diplomáticos españoles, dice La Gaceta de Salamanca, que leo con la presencia viva de Francisco de Vitoria y del derecho internacional, la creación de una oficina para su tratamiento unitario y coordinado, que debería de establecerse en la presidencia del gobierno, superando la metodología de los distintos centros competentes y concernidos, que a la postre producen un organismo incompetente. Porque el problema de nuestros tres principales diferendos diplomáticos es que están tan entremezclados que al tirar del hilo de uno para desenredar la inextricable madeja, ese moderno hilo de Ariadna, surgen de esa madeja sin cuenda, automática, inmediatamente los otros dos. El balance que vengo haciendo sobre las seis controversias internacionales de España, abona todavía más, en su hipostenia general, en su déficit diplomático global, su inmediata puesta en funcionamiento. España es un país medio-alto del flanco sur europeo. Pero también cuenta con una historia grandiosa que la llevó a ser primera potencia mundial. Los restos irresueltos de esa historia privativa, son los contenciosos diplomáticos españoles. Asumirlos y responsabilizarse debidamente de ellos, constituye hoy la gran misión a cumplir.