Un balance de los contenciosos diplomáticos españoles

La   atipicidad   internacional   de   España   viene   dada   por   la subsistencia del problema colonial, connotación que si bien comparte con otros cinco estados, hace del país prácticamente el único donde la obligada resolución del expediente se presenta todavía, ya avanzando el tercer milenio, de forma incompleta e insatisfactoria. Podría  sorprender  que  una nación que figura entre las fundadoras del derecho internacional por varios conceptos, comenzando por la incorporación del humanismo al derecho de gentes, no haya logrado no ya resolver, sino ni siquiera desbloquear, su complicado historial de diferendos.
La  explicación  parece  simple  y  sobrepasa  el  marco  jurídico para inscribirse abiertamente en el ámbito parapolítico, puesto que en las tres principales controversias inciden diversas servidumbres de la política exterior amén naturalmente de algunas de las imperfecciones del ordenamiento jurídico internacional, todo  ello  nucleado  por un factor geostratégico que faculta para lecturas del siguiente tenor: ¨ningún estado permitirá que un mismo país detente las dos orillas del Estrecho¨, en la apreciación alauita, que constituye el punto central de su doctrina táctica, completada con el corolario ¨cuando Gibraltar sea español, Ceuta y Melilla volverán a Marruecos¨. Asimismo, tras el dato de coincidencia geográfica de los dos principales contenciosos en un área hipersensible, también se presenta automática la conexión rabatí con el tercero: ¨la reivindicación de las ciudades españolas depende en buena medida de la resolución del asunto  Sáhara¨,  que  al  mediatizarlo  prácticamente,  introduce un elemento añadido de alta complicación para la delicada ingeniería diplomática de la zona.
Por encima de las incorrecciones de diversa índole que llenan todos nuestros libros y las referencias a ellos y que no volveremos a escribir, varios datos parecen incontrovertibles. En Gibraltar podría seguir considerándose válida mi tesis de nulas perspectivas españolas en el corto plazo, con la cosoberanía  desaparecida  en  el  horizonte  contemplable. Ahora bien, hay que entender que nos referimos  a perspectivas autónomas, porque  ciertamente  la reglamentación sobre legislación fiscal  de  la  Unión  Europea, va poniendo coto, lenta pero inexorablemente, a ciertas prácticas no demasiado ortodoxas del centro financiero. Y ello llevaría a otro punto clave, la prevista  celebración,  antes  de que finalice 2017, del referendum de permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que de resultar rupturista, no habrá necesidad de explicitar sus efectos sobre la colonia, leaving them in the lurch, donde España podría aplicar sin excesivas ataduras las medidas coercitivas del tratado de Utrecht, empezando por el cuasi determinante control de la frontera, honrando así la memoria de Gondomar, ¨a Ynglaterra metralla que pueda descalabrarles ¨ (y eso que todavía la inverecunda Albión, en otra de sus heterodoxas maniobras, no había tomado el Peñón).
Si  bien  existe  una  hipostenia  creciente  de  la  posición  y  del animus españoles en Ceuta y Melilla, no es menos cierto, como se termina de decir, que la imprescriptible reivindicación de las ciudades está en imprecisable pero  alto  grado,  vinculada por el asunto Sáhara, por su resolución, tanto en un sentido como en otro. Y el tema va para largo, como se insiste después. Sin novedad en el frente, pues.
Siempre que hablo del Sáhara, acostumbro a recordar que fui el primer y único diplomático allí desplazado y que pude censar a los 335 compatriotas que habían quedado tras la salida de España, siendo felicitado y condecorado también por tan relevante misión, una de las mayores de protección de españoles del siglo XX. Y lo hago ahora, no sólo por el honor, a la espera asimismo de que se reconozca una operación no exenta de riesgos – por ¨el valeroso Ballesteros¨ preguntaban desde Santa Cruz al recordado embajador en Rabat, de la Serna-­‐   sino   porque   a   efectos   de   balances   diplomáticos, lamentablemente  hay  poco  que  decir,  con  varias decenas  de países reconociendo a la RASD, pero muy  lejos de los votos requeridos en la ONU y más todavía con  Francia y Estados Unidos con su eventual derecho de veto,  más  la  inoperancia de España, aún más recusable por tratarse de su indeclinable responsabilidad histórica.
En Perejil, además de insistir en su falta de entidad fuera de la globalidad del contencioso, a pesar  del  lamentable  episodio del 2002, yo mantengo que debiéramos de ejercer la soberanía porque aunque ambos países tienen títulos al respecto, parece que existiría un mejor derecho de España. Y desde   luego,   por   la   firmeza   en   los   principios   -­tesis   de Fernando Morán, reiterada invariablemente por mí-‐ que sigue siendo  la  más  firme  defensa  de  los  territorios  al  norte de Marruecos, evitando el riesgo, a esos efectos, de  disociar  a Ceuta de Melilla y a las ciudades de islas y peñones.
Sobre  las  islas  Salvajes,  se  impone  reconocer  el  valor  de  las situaciones  de  hecho  en  derecho  internacional,  aunque  el tema no    está cerrado y estamos a tiempo de corregir parcialmente  – el diferendo se centra no tanto en la soberanía sobre las islas donde el gobierno español, como resultado de las  negociaciones  para  la  integración  total  en  la  estructura militar de la OTAN,  en  1997, terminó reconociendo los derechos en superficie de Portugal sobre el archipiélago, sino sobre  la  zona  circundante-­‐  nuestra  poco  afortunada acción diplomática frente a los aquí incisivos y más ágiles lusitanos.
Y  el  caso  de  Olivenza,  quizá  encuadrable  en  la  prevalencia metajurídica del diferendo, siempre  potencial  ejemplo de las relaciones de buena vecindad, casi feliz en la  atingencia a su cordial statu quo: las muchachas de Olivenza  no son como las demás,  porque  son  hijas  de  España  y  nietas  de  Portugal.  De todas formas, si se entendiera adecuado  buscar una  solución definitiva, quizá pudiera venir por la vía del referendum que, según están las cosas, parece que arrojaría color español.