R ecientemente expuse en dos artículos algunas de las causas que motivaron el “Desastre de Annual”, que fue una derrota infligida a nuestro Ejército en el Protectorado español en Marruecos, aunque la misma no tuviera lugar midiéndose los combatientes frente a frente en lucha directa en el campo de batalla, sino por haber cundido el pánico en nuestras tropas en el curso de una caótica y desorganizada retirada.
Allí murió buena parte de la flor y nata de nuestra oficialidad y miles de soldados del reemplazo obligatorio que, creyendo que habían sido cercados por todas partes por una fuerza que imaginaron muy superior en número, trataron de buscar una salida huyendo en desbandada y, ante el abandono prematuro y precipitado de las posiciones españolas, fueron perseguidos y cruelmente masacrados por los rifeños. Dice Álvarez Arenas E., que “Annual no fue una derrota militar, sino efecto de abandonos y despreocupaciones nacidas de la irresponsabilidad impune, que vino a dejar al descubierto realidades lamentables e incluso limitaciones escandalosas. No hubo batalla; una retirada precipitada y mal planificada degeneró en una hecatombe”. Y Alcalá Zamora recoge en sus memorias que “al principio hubo, mucha confianza imprevisora, y al final, mucho pánico, que llegó a la locura”. Por el contrario, a mi modo de ver, creo que sí se dio una derrota militar en toda regla y con un humillante resultado.
Precisamente, debido a tal derrota, y porque el pueblo español estaba ya harto de ver cómo sus soldados se veían obligados a morir fuera de la Patria, luchando por una causa que no era la propia defensa de su Nación y territorio, sino el esfuerzo y el sacrificio de tener que restablecer la paz y el orden en un país extranjero, para dar cumplimiento al mandato conferido en la Conferencia de Algeciras de someter a los rebeldes a la obediencia de la monarquía de la dinastía alauita, sin ni siquiera contar en muchos casos con medios militares adecuados y habiendo tenido España que sacrificar muchos miles de vidas humanas, hacer un tremendo esfuerzo y aportar grandes medios económicos y militares, pues fue por lo que surgió una oleada de protestas que clamaban por nuestra retirada de Marruecos, así como la exigencia de responsabilidades a los culpables del rotundo fracaso, a fin de que se esclarecieran los hechos y se depuraran posibles culpas.
Y, para tratar de acallar ese clamor popular y protestas, el gobierno encargó al general Juan Picasso la incoación de un expediente de investigación y averiguación de las causas que provocaron aquel desastre. Pero el Expediente Picasso estuvo condicionado por la promulgación de dos reales órdenes firmadas en agosto y septiembre que eximían de la investigación a los generales Dámaso Berenguer, Alto Comisario, Fernández Silvestre, Comandante General de Ceuta, y otros jefes. Y en noviembre de 1922 el rey dictó un decreto que establecía que “un oficial sólo podía abandonar su puesto para declarar ante un juez en circunstancias especiales establecidas por el mando”. Con tales limitaciones, Picasso llegó a finales de agosto a Melilla, pero no pudo acceder a los documentos de Berenguer, Fernández Silvestre y del ministro de la Guerra, Vizconde de Eza. Picasso exigió al gobierno conocer los planes de la campaña, pero se lo negaron, permitiéndole tan sólo oír a oficiales y tropa. También fueron nombrados cinco jueces para el esclarecimiento de los hechos. Uno de ellos, el general Batet, escribió que le “torturaba” castigar a suboficiales subalternos por órdenes emitidas por superiores que se libraban del castigo. Ponía el ejemplo del alférez Juan Cisneros Carranza, destinado en Annual el 20 de julio. Quedó al mando de su destacamento con el que consiguió llegar al Monte Arruit agotado; fue enviado a reponerse a Melilla con sus hombres, pero apenas llegado allí, de nuevo fue llamado al combate siendo herido dos veces. Aun así, fue acusado de deserción. Según Batet, su envío a Melilla se debió a la confusión reinante en Monte Arruit, un “batiburrillo de cuerpos y unidades”, decía.
El 3-11-1921 el diputado Besteiro acusó al rey Alfonso XIII de haber impulsado la guerra alentando a los militares africanistas más destacados, como Silvestre y Berenguer, entre otros. También el diputado Indalecio Prieto imputó tal acción al monarca. Pero las acusaciones fueron rotundamente desmentidas por el Conde de Romanones, que en su discurso en Cortes del 19-11-1931, dijo: “Recogiendo el dictamen cierta especie, hace a don Alfonso de Borbón responsable único del desastre de Marruecos, achacándole inteligencias con unos y otros generales, que yo no voy a nombrar, en virtud de aquellas ansias imperialistas que, según el dictamen, le movían y por eso se deduce la acusación que fue el rey quien trajo el desastre. Con tal argumento toda la culpa sobre el acusado; los que eran Gobierno entonces no tenían responsabilidad alguna; sólo, total y absolutamente, se hace recaer sobre el ya ex rey. ¿Qué podía hacer?. ¿Es que en el expediente Picasso, tan discutido, tan examinado, hay rastro, hay pruebas fehacientes, ni tan siquiera pruebas indiciarias de esa acción directa de don Alfonso con los jefes?. ¿Es que hay en ello siquiera trasunto?. No lo hay, y por eso no ha podido encontrarse; no hay más que supuestos, no se pasa del supuesto, y la Comisión no había podido recoger de los testimonios de los generales a quienes ha citado nada que se relacione con esto, ni si quiera servir de cargo a don Alfonso…Esta búsqueda de responsabilidades fue perniciosa e inútil, porque fue utilizada como arma política para desgastar a los gobiernos, primero de Antonio Maura y después de Sánchez Guerra empeñado en llevar el Expediente Picasso al Congreso. Seguimos todos ciegos, olvidando que en el gobierno suyo figuraban ministros que lo fueron con Allende Salazar y, por tanto, acusados por la opinión de posibles cómplices del desastre”.
El Expediente Picasso, que tras ser sustanciado y entregado al gobierno el 18-04-1922, recogía la ineficacia, incompetencia y otras imputaciones graves de jefes y oficiales, en virtud de las que se proponía el procesamiento de 37 militares que les acusaba del desastre. Hubo excesivo estiramiento de las líneas, se dejó a las kabilas enemigas armadas en la retaguardia, basándose en un sistema de blocaos dispersos y poco organizados, posiciones mal abastecidas y mal guarnecidas, sin escalones de apoyo, se dejó la plaza desguarnecida y las kabilas impidieron una retirada organizada, las responsabilidades finales estaban muy diluidas entre los mandos importantes y subordinados entre los que organizaron mal la operación y los que huyeron. Refiere Martínez Campos en “España bélica”, página 252, que uno de los principales fallos fue la excesiva dependencia de los mandos intermedios e inferiores del Alto Mando para la toma de decisiones por sí mismos; se había perdido la costumbre de resolver situaciones por sí mismos, no se actuaba más que en función de órdenes recibidas y, de esa forma, pocos oficiales tuvieron iniciativa propia en medio del pánico”.
Pero Picasso proponía en su Expediente que también se depuraran responsabilidades de personalidades políticas y civiles, entre ellas, el Ministro de la Guerra, el marqués de Lema, Juan de la Cierva y otros. Decía E. Ortega y Gasset, en la página 96 de su libro “Annual”, que “si dispusiéramos de tanques, de cañones blindados y de aeroplanos en cantidad precisa, para que sirviesen últimamente, no sólo se podría castigar rápidamente a la harka y volver a la obediencia a los kabileños, sino que sería perfectamente hacedero, sin comprometer arriesgadamente grandes esfuerzos, socorrer a las posiciones aisladas. Dos camiones blindados y provistos de ametralladoras, montados por una ventana de soldados expertos, permitirían aprovisionarlas”. Y en las páginas 122 y 123 denuncia la ineficacia política de los Ministerios de Instrucción Pública, Hacienda y Guerra, como causantes últimos del desastre.
El 9 de julio el Consejo Supremo de Justicia Militar, aprobó el Informe de la Comisión Picasso, así como que se procesara a los generales Berenguer y Fernández Silvestre (si se le encontraba vivo), y del general Navarro (2º de Silvestre) cuando fuera rescatado, ya que éste se rindió en Monte Arruit el 10-08-1921, siendo capturado por Ben Chel-lal que lo entregó a Abd el Krim, pidiendo un alto rescate, como se hizo en los casos de los numerosos prisioneros a los que no remataron y que Abd el Krim los utilizó para cobrar fuertes rescates o para el canje por marroquíes en poder de las tropas españolas. Dicho Consejo Supremo procedió por su parte al procesamiento de otros 77 militares, 9 de ellos destacados jefes, aparte de los encausados por Picasso.
El Expediente Picasso resultó también mermado en sus efectos tanto por el posterior Golpe de Estado de Primo de Rivera que implantó la Dictadura como por el hecho de que, luego, las tropas españolas se lanzaron a la reconquista del territorio perdido, que brillantemente consiguieron, y con ello la posterior pacificación de la zona y la finalización de las hostilidades. El Ejército español restituyó así su prestigio, su dignidad y su buen nombre; en cuya ulterior misión nuestras fuerzas volvieron a dar sobradas muestras de su eficacia, arrojo, valentía y acometividad. Y con aquella operación España y su Ejército prestaron a la monarquía y al pueblo marroquí inestimables servicios de tutela y apoyo, no sólo por haber restablecido el orden, la paz y la justicia que habían sido allí gravemente perturbados por los rebeldes a la Corona, incluso llegando a proclamar la República del Rif independiente de Marruecos, sino también facilitando a dicho país los medios y la ayuda necesarios para la modernización de sus instituciones y sus infraestructuras, el avance y desarrollo de su cultura y educación, la construcción de carreteras y demás vías de comunicación; y, en general, contribuyó decisivamente a salvar la monarquía, y a la incorporación de Marruecos a un mundo moderno y civilizado. Y todo ello, sin que luego el vecino país nunca lo reconociera ni lo agradeciera a España, sino todo lo contrario.