Las cosas que mal empiezan mal acaban. La lógica nos dice que un Polígono Industrial no puede estar pegado a un perímetro fronterizo ni a una frontera como la de Ceuta con Marruecos, donde el nivel de vida entre ambos países provoca que miles de personas traten de buscarse el sustento pasando mercancía de un país a otro.
Los guardias civiles fuimos los primeros en sufrir las consecuencias de la errónea decisión de hacer un Polígono Industrial en una zona de seguridad. Brillante y suculento negocio para unos y penosas consecuencias económicas y de seguridad para otros. Los guardias civiles fuimos los primeros en padecer la nefasta idea porque sufrimos las agresiones salvajes organizadas por los delincuentes que se dedicaban a lanzar bultos por encima de las vallas con la conocida técnica del voleibol. Pero esa decisión también la sufrieron los ciudadanos españoles que han tenido que pagar el desplazamiento de cientos de guardias civiles para reforzar una zona que no debería tener más problemas que cualquier otro punto del perímetro fronterizo. Un negocio redondo para unos que lo hemos pagado entre todos. Acabamos con el voleibol y empezaron los porteadores.
No son pocos los ciudadanos que se han dirigido a nosotros para preguntarnos: ¿cómo es posible que reconozcan que la mitad de las naves no son legales y permanezcan abiertas? No tiene ninguna explicación que en el centro y en las barriadas se le exija al comercio la documentación en regla y en el polígono se mantengan abiertos durante TANTO tiempo sin los permisos necesarios, pero Ceuta es Ceuta y aquí pasan cosas que no suceden en otras ciudades y además lo vemos como lo más normal del mundo.
Ahora se ha puesto en marcha un operativo en el que ha intervenido la Agencia Tributaria, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Parque Móvil, Obimace, Inspección de Trabajo, Aduanas, Fomento, el G.O.A. y Ciudad Autónoma. No sé si nos dejamos algún organismo fuera, por lo que pedimos perdón, pero con tanto operativo alguien se nos ha podido olvidar. Esta gran maniobra ha tenido un resultado aceptable y se ha puesto orden en una zona en donde imperaba el desorden y, sobre todo, se ha dado a los ciudadanos una satisfacción moral, porque si a unos se nos exige pagar impuestos y el cumplimiento de la ley arancelaria, nacional y local, es ilógico e inmoral que en un lugar determinado impere el desorden y los locales permanezcan abiertos careciendo de todos los permisos, con trabajadores irregulares o con mercancía de ilícito o irregular comercio.
Sin embargo, todo no es negativo si este operativo no queda en saco roto y se siguen manteniendo las inspecciones y actuaciones para que dentro de unos meses la anarquía no vuelva al Polígono. Debemos felicitarnos porque han hecho los deberes los organismos que debían hacerlo, pero si la desidia vuelve, seremos los primeros en denunciar que lo que parecía un operativo serio, sólo fue “agua de Mayo”, un maquillaje en unas fechas muy significativas.
Los que conocen el trasiego de mercancía calculan que los porteadores pueden ganar hasta 130 euros por bulto y nadie puede pensar que un bulto de tela, detergente, frutos secos, etc. puede dar margen para pagar al porteador esa cantidad. Esos 130 euros son una cantidad muy suculenta para atraer a cualquier persona para este menester y no hace falta que sea marroquí, porque todos sabemos cuánto gana un trabajador en nuestro país. ¿Que llevan los bultos? Se preguntan los ciudadanos, y la verdad no podemos dar una respuesta todavía, pero detergente y Colacao, no.
La seguridad ciudadana es otro aspecto importante que debemos cuidar y resulta un poco chocante que miles de personas asalten la frontera de dos países a su antojo, porque algunos llevarán bultos con mercancía para vender, pero otros pueden aprovechar para cometer delitos. Todos sabemos que las porteadoras y porteadores no organizan las avalanchas y que están organizadas por los propietarios y capataces de este trasiego de mercancía. Identificar y poner a disposición judicial a estas personas no es una tarea fácil, pero debemos trabajar en este aspecto para acabar con esta situación.
AEGC no quiere acabar con el medio de vida de los porteadores, ni con el paso lícito y controlado de mercancías y personas, pero sí poner orden en tanta anarquía que pone en peligro la integridad física de las personas que transitan por la Aduana del Tarajal y la vida de los guardias civiles y policías que trabajan en una zona tan delicada, dura y sensible.