En la novela distópica 1984, el pasado se reescribe constantemente. El enfrenamiento entre potencias y sus alianzas son reescritas para que el pasado coincida con el presente. En ese mundo dominado por la burocracia y el control, el encargado de hacerlo es el Ministerio de la Verdad. ¿Quién mejor que un comunista como Orwell para describir la maquinaria de borrado del pasado?
Al hilo del asunto de la recuperación de los apellidos de los ciudadanos musulmanes, he recordado un trabajo de fin de máster de mi facultad sobre el dariya en el que, además de dedicar treinta de sus cien páginas a criticarme en un tono poco académico, incluidas citas literales manipuladas, se me descalificaba entre otras cosas porque he sostenido que la presencia de la población musulmana actual tiene una antigüedad de décadas algo inasumible para el autor del trabajo que aseguraba que en realidad se trataba de siglos, pero eso sí, sin aportar pruebas frente a las contumaces cifras de los censos de población.
La recuperación de los apellidos de los ciudadanos musulmanes que adquirieron la nacionalidad durante las regulaciones de la segunda mitad de la década de los ochenta ha servido para que algunos intenten rescribir el pasado para acomodarlo a sus necesidades de legitimación actuales. Se nos presenta la inscripción de los apellidos dentro del proceso de concesión de nacionalidades como una especie de complot encaminado al genocidio identitario de las raíces de los musulmanes. No se nos aportan pruebas, solo insinuaciones, las suficientes como para poder mostrarse frente a los ciudadanos musulmanes como paladines de su identidad ahora que les ha salido un duro competidor en el mismo espacio electoral. Lo cierto es que el proceso de regularización estuvo plagado de problemas. La Ley de Extranjería de 1985 dejaba fuera del reconocimiento a muchos marroquíes que habían vivido en la ciudad durante décadas, que se habían asentado aquí definitivamente y cuyos hijos habían nacido en la ciudad. Legalmente eran marroquíes (así constaría en los expedientes de concesión de la nacionalidad) pero no cabe duda de que poseían un arraigo demostrado como para tener la misma consideración que la ley otorgaba a los hispanoamericanos en cuanto a la adquisición de la nacionalidad. Antes de iniciarse el procedimiento de regularización residían en la ciudad 3.000 musulmanes de nacionalidad española, una cuestión interesante sería conocer como estaban inscritos en el registro civil para determinar el grado de veracidad del supuesto complot contra la identidad de los musulmanes ceutíes. De los restantes 12.000, los que poseían la tarjeta estadística obtuvieron la regularización con cierta facilidad mientras que otros tuvieron que demostrar su arraigo con otro tipo de documentos. El proceso no estuvo exento de irregularidades pero no consta la protesta de nadie en relación a la inscripción de sus apellidos, ni por parte de los activos líderes musulmanes que impulsaron la causa de las nacionalizaciones ni por parte de particulares. Parece que nadie le dio importancia a esta cuestión en ese momento.
Lo que no han explicado los impulsores de la iniciativa, que se han encontrado con la desagradable sorpresa de que han recibido el apoyo de todos los grupos de la asamblea y de la mayoría de la ciudadanía (¿a quién le puede molestar que alguien cambie o recupere sus apellidos?), es que se trata de una especie de brindis al sol porque se carece de competencias para ello, porque es imposible hacer un reconocimiento colectivo de apellidos ya que cada interesado deberá aportar las pruebas relativas a su ascendencia y de que al tratarse de un asunto de legislación civil, deberá ser iniciado y costeado por los interesados como tampoco han explicado que los cambios tendrán consecuencias no previstas como por ejemplo la modificación de los títulos educativos. Quizás todo esto no resulte lo suficientemente interesante como para ser explicado a los afectados porque quizás los fines de la iniciativa ya estaban cumplidos.