La expectación a muy temprana hora de ayer era máxima. Todas las miradas estaban centradas en el Juzgado número 3, donde la magistrada titular del mismo iba a hacer entrega del auto, donde se debía pronunciar en relación con la suspensión solicitada del sorteo de las 317 viviendas de VPO de Loma Colmenar.
En su parte dispositiva deja muy claro que no se admite la petición de suspensión del sorteo que iba a realizar la Ciudad Autónoma, pero entiende, por motivos simplemente de forma, que no de fondo, que se debía suspender la celebración hasta tanto en cuanto el auto que acababa de rubricar no fuera firme. Es decir: hasta que las partes personadas en el proceso no decidieran ni presentaban o no recurso sobre su decisión y de ser así, hasta que no se pronuncie la Audiencia Provincial, el órgano judicial superior y que procesalmente es el competente para pronunciarse sobre cualquier recurso.
Hay que distinguir claramente dos asuntos distintos en el auto de la jueza: por un lado, el procedimiento de la Ciudad para la entrega de las viviendas y por otro, las posibles responsabilidades derivadas de la denuncia presentada, en su momento, por la Ciudad contra Antonio López por un presunto delito de prevaricación administrativa.
En relación con el primero de los apartados, el auto no deja ningún lugar a dudas de que por parte del Juzgado se ha validado el procedimiento iniciado por el Gobierno autonómico y ratificado en las reuniones de la Comisión Local de la Vivienda.
El procedimiento iniciado el pasado mes de julio y que deberá culminar en su momento con el sorteo de las viviendas. Las tesis que el Gobierno ha venido repitiendo ante la opinión pública por activa y por pasiva, a lo largo de los últimos meses, demuestran que el camino emprendido era el correcto.
Queda fuera de circulación la validez jurídica de la ‘lista fantasma’ (la propia magistrada así lo califica e incluso añade otros epítetos como oscura). No existe ningún derecho de ocupación de estas viviendas por parte de las 317 personas que aparecen en la lista publicada por un medio de comunicación de nuestra ciudad.
El Juzgado da también la razón al Gobierno ceutí cuando establece que no se habían cumplido ninguno de los preceptos obligatorios para que esa ‘lista fantasma’ tuviera validez, porque nunca las páginas de un periódico pueden sustituir a las de un boletín oficial.
En definitiva, la filtración de la ‘lista fantasma’ a un medio de comunicación nada más que tenía el objetivo el dañar la imagen del Gobierno local por una venganza mal entendida y causar un problema social de enfrentamiento entre distintos sectores de la ciudadanía de Ceuta. Un interés maligno que queda desmontado de manera tajante, porque al final quien pretende hacer daño se le vuelve contra su propia persona.
Pero vayamos con el segundo de los apartados, la denuncia que, en su momento, presentó el Gobierno autonómico con la persona de Antonio López por un presunto delito de prevaricación administrativa. El inicio de todo este procedimiento, no hay que olvidar, partió de esta denuncia clara y contundente a los pocos días de filtrarse la ‘lista fantasma’.
A lo largo de estos días han pasado por el Juzgado tanto el único imputado en la causa, Antonio López, como el consejero de Fomento, Néstor García León, así como un empleado de Emvicesa. Cada una de las partes ha presentado sus correspondientes pruebas documentales, así como todos ellos han prestado declaración ante la magistrada que entiende del caso.
Pues bien, en el auto firmado por la jueza del número uno ya se indica que de la actuación del antiguo viceconsejero de la Vivienda, Antonio López, se podría deducir indicios de la comisión de un delito. Por supuesto, no se va más lejos, porque las investigaciones siguen en marcha y todavía están citados más testigos como son los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, pero, una vez más, se da la razón al Gobierno en los razonamientos jurídicos que presentó la Ciudad cuando decidió presentar la denuncia contra Antonio López.
En definitiva, no se ha celebrado el sorteo previsto para la jornada del jueves, pero no porque la Ciudad no estuviera cumpliendo con sus obligaciones, sino por una cuestión de forma jurídica y de plazos, no olvidemos que nuestra legislación es garantista. El procedimiento iniciado en el mes de julio sigue adelante, se aplaza solamente el sorteo durante un tiempo, pero se retomará en cuanto sea posible.
Todas estas apreciaciones son las normales y lógicas después de leerse el autor de la jueza que entiende del caso. Quienes intenten salirse de estos análisis, al final, estarán haciendo un flaco favor al interés general y lo único que buscarán será el interés personal.
La única verdad del auto entregado ayer a todas las partes implicadas en este proceso es que EL JUZGADO LE HA DADO LA RAZÓN AL GOBIERNO.