El espacio transfronterizo que delimita el paso del Tarajal, convertido en un extravagante fenómeno social en sí mismo, está alcanzando un grado de conflictividad multidimensional que supone una seria amenaza para el futuro inmediato de esta Ciudad. La ciudadanía observa desde una perplejidad, no exenta de indignación, la impotencia de la administración española para ordenar y racionalizar el funcionamiento de la frontera del Tarajal.
El Gobierno de la Nación, apoyado incondicionalmente por el Gobierno de la Ciudad (ambos dirigidos por el PP), no encuentra más argumento que repetir como un mantra exculpatorio que se trata de una “situación muy compleja”, y que las decisiones políticas que se pudieran tomar están supeditadas al “acuerdo entre dos países soberanos”, dependiendo en consecuencia de que “Marruecos acepte las propuestas del Gobierno español”. No se trata de rebatir estas aseveraciones, que por otra parte son obvias, sino de analizar si a partir de ellas se está actuando con la suficiente inteligencia y determinación, o si por el contrario se están utilizando como una coartada convincente para esconder ineptitud, desidia, o lo que es peor, una connivencia (más o menos explícita) contraria a los intereses de Ceuta. Porque lo que no admite discusión alguna, es que esta situación está ocasionando un enorme perjuicio individual (al desarrollo de la vida cotidiana de muchos ceutíes), y colectivo (la imagen de la Ciudad está siendo irreversiblemente dañada ante la opinión internacional). La recurrente (y verdadera) complejidad deviene de la concentración de cuatro vectores que se combinan diabólicamente sobre tan reducido espacio. Uno. La “obligación” impuesta por la Unión Europea de contener la inmigración utilizando para ello el indecente método de “pagar por hacer el trabajo sucio” a un país en el que la vulneración de los derechos humanos no supone ningún tipo de escándalo público. Esto nos permite deslindar el horror (con o sin concertinas, con o sin balas de goma) de nuestra conciencia. Según el discurso oficial, todo lo que suceda unos metros más allá no es de nuestra incumbencia, aunque sepamos que es el resultado de los “servicios” que contratamos desde un cinismo repugnante. La responsabilidad política y moral (ocultada) es incuestionable. Dos. Un incremento exponencial del comercio irregular (contrabando), fundamentalmente del tráfico de mercancía mediante porteadores. Una actividad ilegal que se mantiene y estimula porque nadie entendería acabar con lo poco que queda de sector privado en una Ciudad con catorce mil parados y que recibe casi cincuenta millones al año (sufragados con los impuestos de todos los ciudadanos) de “compensación por el descenso de la actividad comercial”. El “punto de embrague” que hace Marruecos (rehúye el conflicto que supondría suprimir una actividad que genera empleo y riqueza en cantidades muy apreciables en la zonanorte; pero al mismo tiempo, pretende evitar el daño que sufren las empresas autóctonas por la competencia desleal), unido a los “aranceles impropios” impuestos por las prácticas corruptas, dan como resultado un control fronterizo demencial, en el que reina la anarquía, la arbitrariedad y la irracionalidad. Tres. El continuo proceso de ósmosis entre las dos zonas transfronterizas, ha incrementado muy significativamente el flujo de personas (y vehículos) en ambas direcciones, que no ha venido acompañado de las lógicas mejoras de las infraestructuras. Cuatro. El estado de alerta ante la expansión del terrorismo internacional, aconseja una estrecha colaboración entre los Gobiernos de España y Marruecos (que se está produciendo) sobre el intercambio de información sensible y, lógicamente, sobre el control de nuestra frontera. A la portentosa dificultad de gestionar todos estos problemas simultáneamente con alguna posibilidad de éxito, se añade, y no es poca cosa, la sempiterna “espada de Damocles” que condiciona todo lo relacionado con Ceuta. El hecho de que Marruecos no acepte la españolidad de Ceuta, relega todas las conversaciones y los hipotéticos acuerdos al ámbito de la ambigüedad y el secretismo institucional, o lo que es lo mismo, a la más absoluta ignorancia, inseguridad y ausencia de fiscalización política. Nada por escrito. Todo se mueve en las cloacas. Impropio de una democracia avanzada. Y es en este sentido en el que da la impresión de que Marruecos está ganando la partida de largo. Impone su voluntad con extraordinaria facilidad. Probablemente por sus formidables apoyos internacionales (EEUU y Francia fundamentalmente), o por el miedo del Gobierno español a que cumpla su permanente amenaza velada (cuentan, sin confirmación oficial, que la trágica muerte de quince personas en el Tarajal en dos mil catorce, tuvo su origen en una “exhibición” de lo que ocurriría si Marruecos “levantase el pie del acelerador”); pero lo cierto es que las relaciones entre España y Marruecos, en estas latitudes (geográficas y políticas) están absolutamente desequilibradas. Y ello quiere decir, que si “gana” el enemigo de Ceuta, “pierde” Ceuta. Una primera conclusión es que el Gobierno de España no está defendiendo con la intensidad y contundencia necesarias los intereses de España (que en este caso coinciden con los de Ceuta). El repliegue constante e incondicional no es aceptable nunca en ningún caso. Es cierto que el diálogo y el entendimiento son inevitables, y en consecuencia ceder, también. Pero con el límite de la dignidad como nación. El Gobierno español debería revisar los términos en los que está negociando las condiciones en que se gestiona el espacio transfronterizo, exigiendo para ello que el “conflicto soberanista” quede al margen, y circunscribiéndolo a los objetivos compartidos (entre los que se debe incluir con carácter de preferente la calidad de vida los ciudadanos y ciudadanas de ambos lados de la frontera. España (con el apoyo de la UE) tiene que hacer valer sus argumentos y reequilibrar las relaciones. Es necesaria una ordenación de aquel espacio que respete los intereses de todas las partes implicadas desde la cooperación mutua. Pero hay un segundo ámbito de actuación, este de naturaleza estrictamente interna, en la que la gestión de ambas administraciones públicas está resultando horripilante. Nos referimos a un conjunto de decisiones políticas a nuestro alcance que, sin suponer una solución definitiva del problema, sí contribuiría decisivamente a mejorar sustancialmente la situación. La desidia, tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la Ciudad, resulta ciertamente incomprensible e irritante (incluso sospechosa). Como prueba, exponemos cuatro iniciativas que han sido planteadas por Caballas (y otros agentes sociales), y se han rechazado sin una explicación convincente. Una. La creación de una “plataforma logística” y un Reglamento de Funcionamiento de los Polígonos que ordene, racionalice y dignifique la actividad que allí se desarrolla. Dos. El control permanente del tráfico en aquella zona, mediante un acuerdo de colaboración entre Guardia Civil y Policía Local, que reduciría de manera muy considerable “las interminables colas” que se producen diariamente. Tres. Un incremento de la dotación de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado acorde con la magnitud del problema. Cuatro. La apertura del paso de Benzú para el tránsito de residentes, que aliviaría muy significativamente el paso del Tarajal (todo el mundo, salvo el Delegado del Gobierno, entiende que por dos vías se transita más rápido que por una).