Desgraciadamente, la crisis política e institucional española está poniendo en evidencia la incapacidad para el acuerdo y la persistencia de la incompetencia para estar a la altura de las circunstancias. Es necesario un verdadero afán de cooperación, energía reformista y coherencia para afrontar la tarea de aligerar el pesado lastre que estanca a nuestro país.
Que España es un país lastrado en el sentido político y administrativo es una de esas realidades que no se pueden esconder fácilmente; algunas evidencias son el funcionamiento ineficiente de la administración; el clientelismo ventajista de los gobiernos; los despilfarros generalizados, las inercias peculiares y opacas de los partidos políticos, los obstáculos al emprendimiento y la burocratización de la acción política y su desprecio por el cumplimiento de las leyes que les incomodan. Carlos Sebastián es un destacado profesor de economía, y afortunadamente una voz crítica e insólita, en el gran páramo español de la complacencia, que ha publicado recientemente un libro llamado "España estancada".
Además de ser un libro muy ilustrativo e interesante está en línea con las ideas sobre corrupción publicadas anteriormente por Javier Pradera en su ensayo "Corrupción y política" publicado póstumamente en 2014. Es una satisfacción ver refrendadas algunas de las ideas que hemos estado trasmitiendo en estos años de acción cívica, crítica constructiva y vigilancia activa de las que hemos sido capaces. En particular una de ellas, la elevada presencia de funcionarios de la administración que, por su mentalidad burocrática, tienden a ser reglamentistas, ahogando en muchas ocasiones las iniciativas más dinámicas. En palabras de Carlos Sebastián en relación a los partidos políticos y sus militantes funcionarios: "Han colonizado la Administración Pública y, también, las instituciones de control. Si los cuadros de los partidos son funcionarios, se va produciendo una simbiosis entre el poder político y la gestión pública, dos ámbitos que en los países más eficientes están drásticamente separados". Los funcionarios van escalando en la escala profesional y los partidos políticos se van adueñando de la administración pública. De esta manera se fomentan unos círculos de empresas clientelistas e ineficientes alrededor del poder político-burocrático, mientras que una parte de los negocios ajenos a este sistema se desmoralizan, precarizan y se trasforman en elementos airados dispuestos a aprovecharse de cualquier clase de coyuntura insolidaria a la menor oportunidad que tengan. Según Federico Aguilera Klink, otro pensador activo sobre economía sostenible en Canarias, el victimismo y el subvencionalismo se han instalado en Canarias para justificar un fabuloso montaje político empresarial que, gracias a la declaración de RUP (Región Ultra Periférica) por parte de la UE, en Canarias se consiguen enormes subvenciones que favorecen los pelotazos urbanísticos a la vez que lastran las políticas más modernas y equilibradas con el medio y niegan neuróticamente las realidades climáticas beneficiosas de las islas afortunadas. Al final de su esclarecedor artículo, ¿Nacionalismo o subvencionalismo?
Reflexiones sobre el modelo canario de victimismo económico (Disenso, 42, febrero de 2004), el profesor de la Universidad de La Laguna se pregunta lo siguiente ¿podrán acostumbrarse a ser empresarios de verdad, es decir, a gestionar sus empresas, a competir razonablemente, a ser razonablemente eficientes, a obtener tasas de beneficios razonables, en lugar de dar pelotazos?
La situación en la marinera ciudad no es mejor porque el ayuntamiento está gobernado por una corporación altamente burocratizada, guiada por un alcalde con una mentalidad refractaria a los grandes retos ambientales y a la participación ciudadana en la gestión municipal. Además, la ausencia de ideas e iniciativas productivas en el plano económico es característica de los gobiernos de Vivas que muestra, por otra parte, unas carencias más que significativas para enfrentar la modernización económica de nuestra ciudad.
No se entendería si no fuera así su característica y constante escenificación victimista/pedigüeña ante el gobierno central. Por otra parte, al ser funcionario del ayuntamiento su política está claramente marcada por el corporativismo y la falta de dinamismo que caracterizan a la burocracia administrativa española. Algunos tics comentados en los libros anteriormente citados se pueden observar en Ceuta: subvencionalismo, clientelismo político y enchufismo asesinos del talento, presencia exagerada de funcionarios públicos en los puestos de poder; despilfarro de fondos públicos fomentando una administración sobredimensionada y gastosa; promoción de dispendios inconcebibles en obras faraónicas como el sizazo; abandono de inmuebles con valor patrimonial y falta de decisión para rematar y llenar de contenido espacios públicos y su transformación en parques temáticos de esculturas y maceteros populistas. Su política positiva sobre el emprendimiento está muy limitada a lo dispuesto reglamentariamente por la UE. La parte negativa pivota entre la sangrante subida del IPSI de los trabajadores por cuenta propia y la abusiva recaudación de los arbitrios o "impuesto revolucionario" como lo llaman los comerciantes ceutíes debido a la diferencia con respecto a lo que ocurre en la península en relación al IVA. En Ceuta se cobra el IPSI antes de que el comerciante pueda vender su producto mientras que en la península se paga el IVA una vez que la venta se ha producido. La extensión de estos abusos legales ha llegado hasta el resto de la población que observa atónita como al comprar productos vía internet nuestros burócratas/políticos les complican la vida con trámites insufribles e impuestos duplicados con tal de recaudar un poco más. La sobredimensionada administración del ayuntamiento, que hay que mantener con sueldos de postín, explica muy bien este agobio recaudatorio. Otros indicadores que muestran la falta de calidad democrática de los gobiernos presididos por Juan Vivas y su decisiva contribución al estancamiento español son el incumplimiento de las leyes incómodas como la ley sobre el derecho a la información pública (son muchos los escritos sin responder en estos años de activismo). Personalmente, el señor Vivas exhibe una estética personal complaciente, cercana y amable, pero su estilo de gobierno es opaco y frentista ante los intereses legítimos de los ciudadanos participativos y comprometidos, una forma de talento que nuestro alcalde desprecia profundamente y asesina sin remordimientos aparentes. Una consecuencia directa de todo esto es el clima de impunidad que nos rodea en torno a las empresas cercanas al poder y a la propia administración, y que provoca muchas deserciones cívicas que suelen caer en el derrotismo cuando no en un nihilismo existencial apolítico. En demasiadas ocasiones los servicios jurídicos del ayuntamiento miran para otro lado cuando en los sucesos está implicada determinada empresa, institución o incluso la propia administración, que es una gran infractora de las leyes que emanan del congreso de los diputados. Por todo ello, un nuevo pacto social debe surgir de las reformas políticas en el que el caciquismo institucionalizado quede disminuido, la participación política aumente con el impulso constante de las plataformas de ciudadanos, avancemos significativamente en la separación de poderes y el control presupuestario ya no sea cuestión exclusiva de la burocracia y la política profesionalizada.