Si Ceuta fuera una ciudad normal, en la que sus habitantes tuvieran un elemental sentimiento de “pertenencia al grupo”, y se preocuparan (realmente) por los asuntos que nos afectan en nuestra condición de colectivo dotado de un proyecto de vida en común, ya nos habríamos apresurado a definir los objetivos hacia los que debemos dirigir nuestros esfuerzos en esta legislatura que acaba de comenzar.
Más allá de las legítimas (y deseables) discrepancias partidistas.
Ceuta está completamente asfixiada. Política e institucionalmente. Los problemas estructurales que nos acucian son de tal gravedad y magnitud que se nos antojan irresolubles. Y esta sensación, expresada de manera implícita mediante una culpable pasividad generalizada, contribuye a un acelerado empeoramiento cada vez más visible e inquietante. Para cambiar esta dinámica, sería preciso avanzar en tres direcciones muy concretas.
Uno. Revisión de nuestro régimen político. Lo ideal sería exigir a las nuevas Cortes que reconocieran a Ceuta la condición de Comunidad Autónoma. Pero, de momento, hay que reconocer (no sin una enorme tristeza) que es inviable, ante la contumaz intransigencia de PP y PSOE. Pero al menos, si sería posible reformar el vigente Estatuto. Corrigiendo todas las deficiencias (clamorosas) que durante veinte años se han puesto de manifiesto. Es preciso recordar que los Estatutos de Autonomía tienen la consideración jurídica de “bloque de constitucionalidad”. Además de despejar dudas (sobre alcance de competencias y capacidad de organización), sería muy importante incorporar prescripciones relativas al urbanismo (incluyendo régimen aplicable al escaso suelo), régimen económico y fiscal, educación y transporte.
Dos. Ordenación del espacio transfronterizo. La importancia cuantitativa, unida al creciente grado de complejidad en las relaciones entre Ceuta y Marruecos, desarrolladas de una manera irresponsablemente desordenada, nos está llevando a una situación que superaría de largo al mismísimo Kafka. A los ya tradicionales intercambios de mercancía de contrabando, y trasiego de mano de obra ilegal, se han añadido los problemas del aumento de los flujos migratorios, y la amenaza del terrorismo yihadista. Es un escenario imposible de gestionar en las actuales condiciones de desregulación. Y sus consecuencias afectan de lleno (cada vez más) al conjunto de la Ciudad. Sobre esta cuestión, por imposición de la obviedad no es necesario extenderse. Hasta ahora, el rotundo rechazo de Marruecos a tratar cualquier asunto relacionado con Ceuta de una manera oficial, ha relegado los acuerdos entre ambos países a una clandestinidad impropia de un estado derecho. Nada por escrito. Todo vale. Este es el marco ideal para que se desarrolle toda una “industria del pillaje” y que Marruecos pueda utilizar su “colaboración” como un instrumento para regular en interés propio su capacidad de presión o negociación política en otros ámbitos. Esta situación aunque siempre indeseable, antes era relativamente soportable, en los niveles actuales de “interrelación” es absolutamente inadmisible. Los grupos parlamentarios (canalizándolo a través de las instituciones europeas, para situarlo en otra dimensión) deben trabajar en la dirección de que Marruecos acepte (dejando al margen el conflicto soberanista) la suscripción de un Convenio que ordene y regule las relaciones en el espacio transfronterizo. Reconociendo derechos y obligaciones de todas las partes implicadas, en un documento político con rango suficiente para surtir eficacia jurídica.
Tres. Elevar a rango de ley la lucha contra la desigualdad. Ceuta y Melilla constituyen incuestionables paradigmas de desigualdad en el conjunto del estado español. Los datos que ilustran la trilogía maldita (paro, pobreza y fracaso escolar) no dejan ni el menor resquicio a la discrepancia sobre esta cuestión. Las diferencias (que se siguen acrecentando) no se pueden aminorar desde la neutralidad, esperando que el simple paso del tiempo corrija los insalvables déficits estructurales. Tampoco es suficiente una política voluntarista, coyuntural, dispersa y descoordinada, tal y como se está aplicando en estos momentos. Se necesita una acción política integral, coherente y sostenida en el tiempo, articulada en torno a planes y medidas concretas de obligado cumplimiento para los gobiernos de turno hasta que los indicadores de igualdad nos sitúen en la media del país. Una iniciativa legislativa de esta naturaleza (iniciativa alumbrada por Coalición por Melilla) sería un paso extraordinariamente importante para nuestra Ciudad.
Sería un sueño que todos los partidos políticos y agentes sociales de Ceuta se pusieran a trabajar sobre la posibilidad de tejer un amplio consenso, y unir fuerzas, en torno al modo de avanzar hacia estos tres objetivos. Pero no sucederá. El debate político seguirá atascado en la mediocridad, dilucidando mezquinos intereses particulares y elevando a la categoría de argumentos las miserias de cada cual. Es lo único que sabemos hacer colectivamente. Eso sí, mucho más entretenido.